La hora de dar fin a la crisis educativa en Santa Cruz
Para esos 75 mil pibes y sus familias seguramente debe ser un tema de charla cotidiana. “¿Cuándo empezaremos?”. “¿Qué pasará si no empezamos?”. “¿Cómo pasaremos de grado o de año?”. ¿Por qué los chicos de mi mismo barrio van la escuela porque es privada y nosotros no?. “¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no pierdan el año? Algunas de las preguntas que deben sobrevolar desayunos, almuerzos y cenas en cada hogar al que alcanza este problema. Alguno me dirá que no es el único problema en esa provincia. Es cierto. Pero para 9 de cada 10 de los chicos y jóvenes que viven en esa provincia hoy seguramente es su problema central. Para los demás que vivimos en este país, parece que no tanto. Má allá de algún enojo por radio o televisión de algún periodista indignado o algún político, oficialista u opositor, en perenne campaña, buscando a quién cargarle la culpa del “desastre escolar de Santa Cruz”, no mucho más... A esta altura importa poco "si el gobierno provincial", "si los gremios docentes", "si los que gobernaron antes", etc. etc. Culpables locales, provinciales o nacionales debe haber varios pero prefiero hacer un humilde aporte partiendo de la idea de que todos tenemos algo de responsabilidad en esta situación. Por acción o por omisión. En diferentes niveles sin dudas. Pero a todos nos alcanza. En el fondo, si estas cosas ocurren y llegan a este punto, es porque a todos en los hechos, nos importa poco lo que pasa en la Educación, aunque recitemos un disciplinado e impecable guión casi "coacheado". Dejar de describir. Pensar y actuar es lo que falta...
¿Qué habría que haber hecho o que habría que hacer para que los chicos no pierdan casi un año de escolaridad? Charlando con algunos amigos abogados constitucionalistas les propuse analizar una contundente y terminante posibilidad “¿Podría ser un motivo de intervención federal que una provincia no lograra garantizar el normal funcionamiento de su sistema educativo durante un período tan prolongado? No parece pero en unos días cumpliremos cien días sin clases en las escuelas estatales de Santa Cruz. Sí! Te lo escribo con números: 100!” Al principio se rieron y argumentaron que la idea era de imposible puesta en práctica por la "situación política". Igualmente, les propuse "jugar a pensar" y después de un rato encontramos un camino, no tan forzado, que utilizaba como argumentos centrales los artículos 5° y 6° de la Constitución Nacional y algunos fallos de la Corte Suprema. Pero como sé que está instalado en la mayoría de ustedes la "imposibilidad política" de la medida y no quiero que se rían como mis amigos, sólo si alguno me lo pide podría explicarle, en otro momento, la posible salida de una intervención federal para este caso.
Entonces abandoné ese camino y me propuse buscar otra salida normativa al problema. Y encontré “una perla” en la Ley de Educación Nacional. Una herramienta que podría haberse puesto en funcionamiento mucho antes de llegar a este punto. Una lástima que no haya existido decisión para ello pero todavía estamos a tiempo si es que no se resuelve el conflicto en estos próximos días. En síntesis, en la Ley 26.206 en su Capítulo II, Artículo 115, Inciso f) se faculta al Ministerio de Educación nacional a declarar la “Emergencia Educativa” con el objeto de “brindar asistencia de carácter extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio...”. Claramente, entonces la norma existe, no habría que inventarla y podría ponerse en práctica inmediatamente. Es más, el mismo artículo propone un mecanismo especial para que la decisión y las medidas que se instrumenten cuenten con el acuerdo de la jurisdicción involucrada, el Consejo Federal de Educación y la posterior comunicación al Poder Legislativo nacional. Por último, a poco de avanzar con este texto, este tuit de Mariano Narodowski me confirmó que no estaba tan desacertado.
Todos dicen estar preocupados por lo que ocurre en esa provincia. Pues bien, reitero, la herramienta legal existe. Ahora sólo falta que la pongamos en práctica. No hay tiempo que perder. Acá no hay gradualismo o shock. Parecen pocos 75 mil chicos y jóvenes sobre los casi 12 millones de alumnos en todo el país pero necesitamos que todos tengan la posibilidad aprender. No podemos, no debemos dejar a ninguno en el camino. No tenemos ningún derecho. Y ya que está podemos enseñarles que los adultos podemos resolver problemas. Esos 75 mil chicos y jóvenes, como el resto, son nuestro presente y sobre todo nuestro futuro...
¿Qué habría que haber hecho o que habría que hacer para que los chicos no pierdan casi un año de escolaridad? Charlando con algunos amigos abogados constitucionalistas les propuse analizar una contundente y terminante posibilidad “¿Podría ser un motivo de intervención federal que una provincia no lograra garantizar el normal funcionamiento de su sistema educativo durante un período tan prolongado? No parece pero en unos días cumpliremos cien días sin clases en las escuelas estatales de Santa Cruz. Sí! Te lo escribo con números: 100!” Al principio se rieron y argumentaron que la idea era de imposible puesta en práctica por la "situación política". Igualmente, les propuse "jugar a pensar" y después de un rato encontramos un camino, no tan forzado, que utilizaba como argumentos centrales los artículos 5° y 6° de la Constitución Nacional y algunos fallos de la Corte Suprema. Pero como sé que está instalado en la mayoría de ustedes la "imposibilidad política" de la medida y no quiero que se rían como mis amigos, sólo si alguno me lo pide podría explicarle, en otro momento, la posible salida de una intervención federal para este caso.
Entonces abandoné ese camino y me propuse buscar otra salida normativa al problema. Y encontré “una perla” en la Ley de Educación Nacional. Una herramienta que podría haberse puesto en funcionamiento mucho antes de llegar a este punto. Una lástima que no haya existido decisión para ello pero todavía estamos a tiempo si es que no se resuelve el conflicto en estos próximos días. En síntesis, en la Ley 26.206 en su Capítulo II, Artículo 115, Inciso f) se faculta al Ministerio de Educación nacional a declarar la “Emergencia Educativa” con el objeto de “brindar asistencia de carácter extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio...”. Claramente, entonces la norma existe, no habría que inventarla y podría ponerse en práctica inmediatamente. Es más, el mismo artículo propone un mecanismo especial para que la decisión y las medidas que se instrumenten cuenten con el acuerdo de la jurisdicción involucrada, el Consejo Federal de Educación y la posterior comunicación al Poder Legislativo nacional. Por último, a poco de avanzar con este texto, este tuit de Mariano Narodowski me confirmó que no estaba tan desacertado.
Todos dicen estar preocupados por lo que ocurre en esa provincia. Pues bien, reitero, la herramienta legal existe. Ahora sólo falta que la pongamos en práctica. No hay tiempo que perder. Acá no hay gradualismo o shock. Parecen pocos 75 mil chicos y jóvenes sobre los casi 12 millones de alumnos en todo el país pero necesitamos que todos tengan la posibilidad aprender. No podemos, no debemos dejar a ninguno en el camino. No tenemos ningún derecho. Y ya que está podemos enseñarles que los adultos podemos resolver problemas. Esos 75 mil chicos y jóvenes, como el resto, son nuestro presente y sobre todo nuestro futuro...
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