Evaluación educativa: aproximación al "infierno tan temido" (¿Será así?)

¿Quién puede estar en desacuerdo con la necesidad de evaluar la educación de un colectivo, una ciudad, una región, un país? Creo que nadie ya, a esta altura de la historia, ofrece resistencias razonables para ello. Sin embargo y dicho esto, al momento de poner en juego conceptualizaciones y acciones sobre el hecho evaluativo comienza a notarse las diferencias y las reacciones. A algo fantasmal todavía se teme…
Ciertamente la evaluación no puede tomarse como una cuestión aislada, segmentada o solamente orientada hacia un elemento concreto del quehacer educativo. Los que hablan de evaluación centrándola sólo en el docente encubren que la política pública debe ser evaluada en toda su extensión, desde el sistema educativo como un todo: evaluación académica y formativa de los alumnos, evaluación del desempeño de los docentes y de los directivos, evaluación de las instituciones, evaluación de las políticas implementadas, de los programas, de los proyectos, evaluación de la acción de gestión ministerial entre otras varias cosas que deberían contemplarse a la hora de evaluar… Por suerte, los que piensan de esa manera cada vez menos…
Por lo tanto se hace imprescindible proponer políticas públicas en este sentido que sean trasparentes y desmonten la desordenada y débil hoy, argumentación contraria que termina impidiendo o diluyendo el objetivo de mejorar la educación...
En este sentido, y con buen tino (no sé si timming o conocimiento) el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires ha presentado, para su debate, un defectuoso proyecto de ley. Y digo “buen tino, defectuoso proyecto” ya que como sucede con el kirchnerismo, el Ejecutivo porteño se encarama sobre una necesidad imperiosa, un reclamo social, una demanda ciudadana para terminar degradándola al nivel de una discusión “comiteril” generalmente más por impericia o falta de lineamientos políticos globales a la hora de construir herramientas que ayuden a resolver los desafíos que tenemos que por su propia decisión. En este caso puntual, y en una forma muy parecida a lo que fue la presentación del proyecto sobre una nueva regulación para el acceso  a cargosy la carrera docente a fines del 2011 con la reformulación de las Juntas de Clasificación Docente, el proyecto no satisface más que las lógicas de nuevas estructuras burocráticas que poco o nada tienen que ver con el planteo que intentan abordar.Habría muchísimo para decir sobre el expediente 805/2013. Aquí, un par de puntos. Lo demás quedará para otra ocasión… En honor a esa síntesis, el proyecto intenta en sus dos primeros artículos realizar una larguísima lista de imprecisas definiciones o confusiones terminológicas o lo que es peor, mezcla esas definiciones de vocabulario con decisiones de políticas, programas, proyectos, acciones concretas o actividades puntuales que el Estado realiza cotidianamente para el logro de “la equidad y la calidad educativa”.
Estos rasgos llevan a pensar que el proyecto ha sido pensado y diseñado con el sólo objeto de “crear/blanquear” legislativamente una unidad organizativa o estructura funcional que según la propia Constitución de la Ciudad otorga como facultad exclusiva y propia del Ejecutivo. Para ser un poco más claros: el proyecto plantea crear un “ente autárquico” en el ámbito del Ministerio de Educación de la Ciudad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es autárquico o depende del Ministerio? Si fuese el primer caso habría que decidir si este nuevo organismo tendrá o no una “organización política económica” por fuera del mismo Ministerio, algo que más adelante en el propio proyecto se restringe. Si fuese el segundo, tal como parece ser el fondo de la norma que se busca aprobar, el Ejecutivo por decreto o el mismo ministerio por una resolución podría crearla (dependiendo del nivel jerárquico que quisiera darle). Aquí una primera e insoslayable contradicción…
Hoy la “Evaluación Educativa”, con la mayoría de las acciones que el proyecto propone, se ubica en una Dirección General que depende directamente del Ministro o lo que es lo mismo decir tiene casi rango de Subsecretaría, un nivel por debajo del Ministro (organigrama en el link). Es común que en Argentina pensemos que los temas se jerarquizan de acuerdo al nivel de organigrama en que se ubican. No es del todo un error pero ese único razonamiento nos lleva a creer que desafíos interesantes están confinados en alguna perdida dirección y por eso no son relevantes. Pero cuando se les quiere dar relevancia, rápidamente se piensa en llevarlo a niveles superiores jerárquicos como si eso solucionara los problemas de nuestro desafío. "Creamos el Ministerio”, te dicen… La mayoría de las veces, poco y nada se piensa en el sistema en su conjunto y lo que es peor, a la corta o a la larga, tampoco “se jerarquiza” el tema… La Educación ¿no parece ser un tema de tercer o cuarto nivel en Canadá, no? Sin embargo, en ese país no existe un Ministerio Nacional de Educación… Otra paradoja muy argentina…
Creo que los argentinos, en los últimos tiempos, estamos, poco a poco, perdiendo la capacidad de imaginar.
Por eso les propongo un pequeño ejercicio de imaginación. Corto, pero para no perder la aptitud... Imaginemos que es “cierto, justo y necesario” que la política pública en torno a la Evaluación Educativa necesite de un "verdadero" organismo autárquico para llevarla a cabo. Entonces, imaginemos que ese organismo no dependerá del Ministerio de Educación y será conducido por alguien que accede a él por intermedio de un concurso público de oposición y antecedentes, organizado por el órgano más deliberativo de la República: La Legislatura. Esto garantizaría además que ese nuevo organismo pudiese ser controlado por la propia legislatura, por ejemplo. Después podremos discutir la forma y alcance de la participación de los diferentes sectores del entorno educativo y no educativo pero en principio garanticemos la independencia del poder de turno...
Y si estamos en tren de imaginar, sigamos un poco más… Pensando que lo educativo hoy excede el marco de la escuela, podríamos razonar que en el marco del Estado existen diversas acciones educativas que debieran ser también evaluadas… Pienso aquí en todo “lo educativo” que hoy se desarrolla en ámbitos como los ministerios de Cultura, Salud, Producción, Desarrollo social o en cualquier otro. ¡Porqué no aquí incorporar todo “lo educativo” que no hace el Estado, también! ¿Entonces no sería deseable que ese organismo pudiese acceder a evaluar esas acciones? Imaginemos algo que abarque más que las escuelas…
Por último imaginemos  -no pediré mucha más por ahora- que es necesario dotar de personal especializado al organismo y el Estado realiza llamados públicos para participar de concursos donde, los mejores cuadros técnicos que así lo deseen, participen y pasen a formar parte del Estado, dándole a la Ciudad una “estatalidad inteligente” con orientación a las problemáticas que se definen por política pública… Y para nutrirse de esos “mejores” el organismo promueve una serie de actos de cooperación e intercambio con otras agencias similares y universidades a nivel nacional, regional y mundial. Garanticemos no sólo la independencia del poder de turno sino también la calidad técnica del organismo...
¿Parece “una de ciencia ficción”, no? Pero casi todo esto (y alguna cosa más) es parte de una ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009: la ley 3331 denominada Ley de Políticas Públicas para la Inclusión Educativa Plena. Es posible que esta ley no diga en ninguna de sus artículos que el organismo “podrá definir su propia estructura orgánico funcional con cuatro direcciones generales”, por ejemplo, tall como sí lo dice el actual proyecto presentado por el Ejecutivo porteño en su artículo 10. Sin embargo, está aprobada y, perfectible como toda ley, intenta abordar de una manera un poco más racional el tema, poniendo el acento en lo que hay que hacer antes que en las estructuras que hay que crear, recurriendo a una mayoría de ellas que ya existen.
Con algo de suerte, y si no hay imposición del “número”, esperemos se dé un debate serio en el seno de la Legislatura donde, ciertamente, una mayoría de la oposición, debilitada en términos argumentativos, tal como lo muestran las primeras reacciones frente al proyecto (corporativas antes que sistémicas) deberá agudizar su ingenio, y si es que hay intenciones, rehaga junto a los legisladores oficialistas el proyecto casi en su totalidad. Esperemos que termine aprobándose “algo bueno” y no sólo “lo posible”, para que la política no complique lo educativo sino al revés, facilite y enmarque… Esperemos no tener que imaginarlo…



Nota: como dije hay mucho más para decir delproyecto. Seguramente habrá tiempo y lugares donde exponerlos.

Comentarios

  1. Muy buen post mi estimado amigo... coincido fuertemente con los criterios en el vertidos, e incluso, me parece más que atinado el ejercicio propuesto de imaginarnos "que podría pasar si..."

    ¿Sabes a que me hace acordar? A cuando en mis años de militante universitario, defendía una vez comprendidos en su plenitud, los alcances de la Autonomía Universitaria. Se trata de resguardar la objetividad, de construir la excelencia y profesionalismo, dotando de los mejores técnicos y especialistas a un organismo eficiente, útil y sumamente necesario - después de consensuar aquello discutamos hasta quizás resulte poco relevante la discusión de dónde "alojarlo", ¿no? -
    Coincido, además, con la necesidad de que el debate se de de manera seria y racional, aunque ahí es donde flaquean mis esperanzas... ya sabemos que a los legisladores oficialistas de la CABA y a las principales fuerzas opositores les gusta mas jugar al TEG que ocuparse seriamente de ese "asuntito de gobernar"...

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