¿La Educación es gratuita? Incertidumbres para no cancelar el debate

Esta foto publicada en un portal chileno durante las luchas de los estudiantes de ese país por la gratuidad me hizo pensar sobre si había algo, mucho o poco que "aprender" tal como dice la pancarta. Durante meses este texto no fue publicado en mi blog por diversos motivos. Durante el día de ayer un cruce "twittero" entre Axel Rivas y Mariano Narodowski me ofreció una nueva excusa para "colgarlo"...

Hablar de gratuidad en educación es hablar del elemento básico que posibilita el goce pleno del derecho. Para otros la gratuidad es una de las tantas estrategias utilizadas por los estados para favorecer mecanismos de equidad. En uno u otro caso el concepto de gratuidad no es “inocuo”. ¿Todos entendemos lo mismo cuando decimos “gratuito” en Educación?
La gratuidad en Educación es un símbolo clave en la democratización de una sociedad y muchos la ligan estrechamente a la obligatoriedad: es obligatoria porque es gratuita y es gratuita porque es obligatoria.
Vista de esta manera, la gratuidad es un principio establecido internacionalmente en diversos acuerdos y tratados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, el Marco de Acción de Dakar - UNESCO del 2000. Como reflejo, en el marco local podemos encontrarla en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, la Ley de Educación Nacional de 2006 y en todas las leyes provinciales de educación. Pero es llamativo que ninguno de todos esos textos defina con precisión el principio de gratuidad…
En la Argentina de los últimos tiempos nos hemos encargado casi sistemáticamente de silenciar, poner poca atención o minimizar el debate educativo, ocupándonos casi “metódicamente” en elementos episódicos. Posiblemente, como un subproducto de nuestra “eterna agonalidad”… En cenáculos más restringidos esos debates se verifican y se dan hasta en forma acalorada. Lo cierto es que, lo que llega al ámbito público, muchas veces es una “edulcorada” síntesis donde nadie desea quedar fuera del marco de “lo políticamente correcto”… Así el debate se empequeñece…
La “corrección política” prescribe que la educación es o debe ser “gratuita”. Pero para los que creemos que transitamos un momento lleno de “clichés”, de “oquedad semántica” se hace relevante darnos un espacio para retomar el concepto y seguir expandiendo los límites del debate. ¿Es posible y pertinente preguntarse hoy si la Educación debe seguir siendo gratuita? Y en todo caso ¿Qué tipo de gratuidad estaríamos dispuestos a sostener? Preguntas complicadas ya que aún habiendo logrado a lo largo del tiempo avances significativos lejos estamos de que la gratuidad, por sí sola, haya resuelto el problema del acceso y goce pleno del derecho a la educación.
Una alerta para el lector desprevenido: el objetivo que nos proponemos no es, bajo ningún punto de vista, desplazar o remplazar el concepto, sino sólo abrir un debate para enriquecerlo, tal como lo intentamos en la entrada de este mismo blog con el concepto de obligatoriedad… La gratuidad en Argentina es constitucional y es ley desde hace más de cien años con la Ley 1420. Pero creemos que, para que siga formando parte de nuestra “liturgia educativa”, es necesario ponerla en tensión y resignificarla. Sacarla del “lugar común” en el que solemos poner las palabras cuando son repetidas hasta el cansancio…
Como adelantamos, la gratuidad pareciera situarse esencialmente en el seno del derecho a la educación. Algunos documentos de Naciones Unidas, los de Katarina Tomasevski, por ejemplo, establecen que el derecho a la educación puede tener dimensiones distintas. Así, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación ha propuesto diferenciar 4 indicadores para evaluar el cumplimiento de este derecho. Dichas obligaciones han conformado una doctrina reconocida en el tema (aunque no la única) y es comúnmente denominada como “las 4 A”. Ellas son: 1) la asequibilidad (availability) que implica satisfacer la demanda educativa ya sea por la oferta pública o la protección de la oferta privada; 2) la accesibilidad (accesibility) como el compromiso estatal de garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles sin ninguna discriminación; 3) la aceptabilidad (aceptability) con un Estado asegurador de la adecuada calidad de la educación y 4) la adaptabilidad (adaptability) como la obligación del Estado de brindar la educación que mejor se adapte a los que aprenden. Y aunque posteriormente agregó una quinta obligación, la asequibilidad (“affordability”) o "lo factible de hacer" con la que posiblemente desdibuje las 4 anteriores y reconozca que ningún gobierno puede ser obligado legalmente a hacer lo que no puede, la gratuidad como tal se sitúa como una obligación suplementaria a la accesibilidad. Desde esta óptica la gratuidad busca garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en el proceso educativo. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que esta persona pueda gozar de ese derecho. Es esencia de los derechos ser bienes meritorios y no bienes de mercado: se asignan a las personas precisamente en su calidad de humanos y no por tener capacidad de pago para comprarlo. Ahora bien, en el caso argentino (no es el único), existen obstáculos económicos en el acceso a la educación que se encuentran empíricamente verificados. Es comprobado que sigue habiendo pibes fuera del sistema educativo de los que un importante porcentaje de ellos no asiste por razones esencialmente económicas. De allí entonces que una de las obligaciones del Estado argentino en materia de educación sea la de remover obstáculos que impidan que las personas puedan acceder a este derecho.
Siguiendo esta línea de análisis hay una primera llamada para hacer: si el Estado debe remover esos obstáculos, para hacerlo tiene que derivar recursos para afrontar los costos del servicio. Visto así, cuando hablamos de gratuidad nos referimos al que aprende. Sin embargo, no todos remarcan que la Educación tiene costos y que financiada por el Estado en definitiva es solventada por los propios contribuyentes con sus impuestos. Escuelas, docentes, equipamientos, edificios, etc. nunca fueron “gratuitos”: alguien ha tenido siempre que financiarlos. Un “sincericidio” de Piñera, presidente de Chile?.
Pero más allá de la acción del Estado, la educación genera otros costos que son poco tenidos en cuenta en el común discurso de la gratuidad. Costos que comúnmente denominamos “canasta escolar”: útiles escolares, ropa, transporte y comida para los casos en los que los alumnos están en las instituciones en horarios extendidos, son algunos de estos ejemplos. Costos a cargo, la mayor parte de las veces, por las familias para lograr incluir y mantener a chicos y adolescentes en el sistema educativo. Allí es, entonces, donde se levantan nuevas barreras que disminuyen la probabilidad de acceso y permanencia en el sistema educativo de los chicos que provienen de sectores vulnerables por su condición económica.
Sin dudas, para una holgada mayoría esa gratuidad no está puesta en duda para el tramo de Educación General Básica o tramo obligatorio. Pero si como dijimos, la “gratuidad” apunta a eliminar las barreras para el acceso y la retención escolar, cuando se utiliza el concepto sería de esperar que, aquellos que la defienden a capa y espada, aborden los diferentes componentes que de manera directa o indirecta representan costos dentro del sistema educativo. Como generalmente no es así, una primera redefinición de “gratuidad” podría (¿debería?) incorporar el concepto de “financiación”. ¿Quién o quiénes financian? ¿Sólo el Estado? ¿Estado y familias? ¿Sólo las familias? Si eligiéramos la segunda (algo que ya ocurre) ¿En qué proporción deben hacerlo?
Pero aquí parecieran no ser los últimos interrogantes. Como vimos, el principio de gratuidad pareciera no presentar mayores dificultades entre los actores sociales. Pero cuando se trata de establecer su alcance y criterios los acuerdos y pactos sociales se desdibujan: ¿Hasta qué edad la educación debe ser gratuita? ¿La gratuidad debe cubrir sólo los “gastos de matrícula”? o ¿También los gastos de útiles, uniforme, alimentación y transporte escolar?
Una primera respuesta, entonces podría ser resumida por la garantía de derechos en la educación: “debe ser verdaderamente gratuita y universal para suplir los costos que representan el acceder y permanecer en el sistema educativo, sin depender de los ingresos de los hogares o de la situación particular de cada chico o adolescente”.
En este marco, quienes defienden la “educación gratuita” tendrían que naturalmente excluir el aporte de las familias: “la educación tendría que ser financiada exclusivamente con fondos del Estado” dirían. Los detractores sostendrían, por el contrario, que no sería correcto pues la estructura tributaria regresiva del país es sumamente injusta dado que quienes tienen más no aportan todo lo que deberían. Argumentarían entonces que el paso previo  para conseguir “educación gratuita” es realizar una profunda reforma tributaria que cambie el sistema por uno más equitativo que aumente el impuesto a las ganancias o a los ingresos, cree otros nuevos impuestos directos y minimice el impacto de impuestos como el IVA, por definición absolutamente regresivo. Existiendo entonces un régimen tributario justo y equitativo, las familias no debiesen aportar nada para que sus hijos sean educados. Para éstos sostener hoy en un modelo tributario regresivo que la educación debe ser gratuita es un gran error porque de esa manera se desestima y no se considera en esa argumentación que el Estado tiene también otras prioridades igual de importantes como son la superación de la pobreza, garantizar la salud de calidad, condiciones de trabajo adecuadas, inversión en infraestructura y obras públicas, etc. En esta última mirada cabría entonces preguntarse ¿El Estado debe garantizar a los más ricos educación gratuita a costa de dejar de lado otras prioridades? Es más, algunas veces tengo la sensación de que estos argumentos hasta terminan siendo utilizados en forma cruzada...
Cómo ven, todo parece un poco menos sencillo que la frágil consigna “debe ser gratuita” a la que muchos sectores de “pulcra corrección política” nos tienen acostumbrados… Así visto, el debate muestra sólo una punta de la complejidad del tema que, abordado desde diversos puntos de análisis (democrático, normativo, económico, social, entre los varios posibles), nos obliga a hacerlo público para no cancelarlo, para no reducirlo, como algunos, consciente o incoscientemente, lo han hecho en estos últimos años…