¿Empiezan las clases en marzo? - Tradicional pregunta de verano

En diciembre del 2011, durante un encuentro de fin de año en el CEDESI, tuvimos la oportunidad de escuchar al investigador Axel Rivas afirmar que, tras varios años de aumento en la inversión en educación en Argentina, ésta no se tradujo en una efectiva disminución de las desigualdades. Los números fríos demuestran que el país ha superado durante el 2010 la meta propuesta del 6% del PBI en inversión educativa (sin meternos en como se mide el PBI, ya que no somos expertos, aunque algunos economistas tengan dudas). Parte sustancial de ese aumento en la inversión, a través de lo que fue la Ley de Financiamiento Educativo vigente hasta ese año, fue solventar incrementos salariales de los docentes. Varios analistas afirman que de eso –y sólo de eso se trató la ley: el aumento en los salarios. ¿El salario docente es parte de la inversión en Educación? Sin dudas. ¿Es bueno que los docentes ganen un salario digno? Sin dudas. ¿Es virtuoso el mecanismo elegido en Argentina para resolver este desafío? Quién sabe… Por eso, quisimos adentrarnos un poquito más en este tema bastante opaco para el “común de los mortales”…
En Argentina, cuando se acerca febrero, se cuela en las conversaciones de café (o de playa) la típica pregunta: ¿Empiezan las clases este año?
“Acostumbrados” a la pregunta, el motivo puede deberse a que los que gestionan el Estado nos han (mal) “acostumbrado” a llegar casi al filo del comienzo del ciclo lectivo con las discusiones entre gremios y gobiernos provinciales sobre los posibles re acomodamientos salariales de los maestros, seguramente necesarios con la inflación real registrada durante el año anterior
Desde el 2008, estas discusiones salariales incorporaron un, para algunos, controvertido “paso previo”: las reuniones de la “Paritaria Nacional Docente” donde las 5 organizaciones gremiales de carácter nacional (CTERA, CEA, UDA, AMET y SADOP), el Gobierno Nacional –representado por los Ministerios de Educación y de Trabajo– y el Consejo Federal de Educación (donde está representada cada una de las provincias) discuten en cumplimiento del art. 10° de la Ley de Financiamiento Educativo pautas generales sobre condiciones laborales, carrera docente, calendario educativo y salario mínimo docente. Así leído parecería un ámbito participativo y horizontal, donde las jurisdicciones, los que en definitiva tienen que pagar salarios y resolver gestión educativa en cada una de las provincias, tendrían una voz importante en todo esto. En la práctica, una forma de que el Poder Ejecutivo Nacional  encuentre mecanismos de intervención en la política salarial de cada provincia y se demuestre “dulce con plata ajena”: el acuerdo es consensuado entre gremios y gobierno nacional y las provincias esperan el final de esas discusiones para  resolver a posteriori sus propias definiciones. Seguramente lo que sale de la paritaria nacional es el piso de discusión en el marco provincial. ¿Y si la provincia no puede cumplir? No hay que preocuparse: el propio gobierno nacional tiene pensado como resolverlo con mecanismos de ayuda a las provincias que no pueden pagar esos aumentos…
En este contexto, algo para remarcar: la evolución ascendente en los últimos años de la participación en el salario docente del Fondo Nacional de Incentivo Docente - FONID (Ley Nº 25.053 – 1999) y Programa Nacional de Compensación Salarial (Ley Nº 26.075 - 2006), los dos mecanismos de compensación implementados para llegar con ayuda nacional a las provincias. El primero de ellos universalizado, parece haber perdido su inicial condición de “incentivo” o “compensación”. El segundo algo un poco más sofisticado que solo reciben aquellos que no pueden lograr con sus propios recursos los pisos mínimos salariales que se definen en las paritarias nacionales. Ya en el informe julio-septiembre de 2010 de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, una unidad dependiente del Ministerio de Educación que realiza un trabajo de seguimiento de la evolución del salario docente en todo el país, adelantó el notorio aumento observado en las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación directamente vinculadas con la aplicación de las normas citadas.
Una buena forma de chequear este dato es verificar las variaciones de la incidencia de los aportes nacionales en el salario docente. En el último quinquenio ha estado en un promedio del 24,5%. Mientras que en el año 2009 llegó a su punto más bajo, 20,8%, en el año que terminamos trepó al 28,4% (recordando que en el 2007 llegó a 29,4%).
Repetimos: algunos podrán leer esto como un mayor esfuerzo del conjunto para compensar a aquellas regiones del país que de otra manera no llegarían a pagar el salario mínimo docente que se fija en la paritaria nacional. Pero podría haber otras posibles lecturas: Nación está pagando casi el 30% de lo que cobra cada docente en el país. Sí, sí, es cierto… esto no se verifica así en cada uno de los docentes del país. Las diferencias de regiones, las diferentes componentes salariales provinciales, las bonificaciones por antigüedad según cada escala salarial, las posibilidades financieras de cada provincia hacen que algunos gobiernos provinciales dependan un poco más que otros de lo que gira Nación para el pago de salarios. Una posible verificación empírica del hecho es mirar recibos de sueldos de un maestro de grado de escuela primaria de jornada simple con 10 años de antigüedad (tomamos este caso porque es el utilizado como “cargo testigo” por el propio gobierno). En Misiones, Corrientes o Formosa ese docente recibe de cada $10 que cobra,  $2,50 de fondos nacionales directamente girados a la provincia. Mientras que en otras provincias como Buenos Aires o la Ciudad no franquean la barrera de los $0,70 (sólo FONID).
En los datos que se brindan hay un elemento más para agregar. Los cargos testigos que se toman son los de un docente con 10 años de antigüedad. Para los que no lo sepan, la antigüedad tiene un importante peso como componente del salario docente. Tal es el caso, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, donde un docente con una antigüedad de 22 años cobra el 120% del valor del salario básico en concepto de adicional (con los debidos descuentos por aportes jubilatorios, obra social, etc). Por eso, en cargos sin antigüedad esa proporción sube. En el caso de Misiones, Corrientes o Formosa los valores pasan el 35% del salario del docente con el fin de dar cumplimiento a la “garantía salarial mínima”. En provincias que no reciben fondos de Nación esta “garantía” debe ser “garantizada” por la propia provincia… (sí a mí también me costó entenderlo)
¿Por qué sería un “problema” que Nación pague parte del salario docente?
Sin dudas, la Nación no puede desentenderse frente a la desigualdad. Parece de manual de “justicia distributiva”. La educación debe ser igual para un pibe en Jujuy o en Santa Cruz, en San Juan o en Ciudad de Buenos Aires. Si existe alguna provincia que no puede pagar salarios dignos a los docentes, la Nación, en su conjunto, debe salir a resolver el problema. Sin embargo, otros podrán decir que en ciertas condiciones políticas, esto mismo puede ser (¿lo es?) un avance de Nación sobre las autonomías provinciales y sobre las decisiones que está facultada constitucionalmente cada jurisdicción en política educativa (y de otras políticas). Por ello, debiera encontrarse un mecanismo menos proclive al “mal uso” (¿algunas veces extorsivo?) que deben aceptar los gobernadores de provincias “pobres”.
La Constitución Nacional Reformada en 1994 establece como plazo para la aprobación del Régimen de Coparticipación Federal el 31 de diciembre de 1996. Transcurridos ya 15 años del vencimiento de ese plazo, el mandato constitucional sigue sin ser saldado. De cara a terminar con esa deuda, una posible idea podría ser la de incluir, en ese debate algún elemento que sirva como “incentivo” para gobernadores de provincia al mejoramiento de la calidad de la gestión educativa y resolver sus propios problemas en esta materia. Algo así como que cada uno tienda a “elevar su propia varilla” con el fin de generar nuevos desafíos en cada sistema educativo provincial. Imagino en este caso a gobernadores mostrando como han mejorado algunos indicadores educativos, para obtener más dinero para sus propios sistemas provinciales. Imagino a un Ministerio de Educación relevando y consolidando esos indicadores, verificando esas mejoras y apoyando a esos gobiernos… Por supuesto, humildemente, sólo una idea que debería ser perfeccionada para llevar a proyecto. Algo mejor que la “gracia 'casi' divina” de un Estado Nacional que ayuda a unos (con o sin “contraprestación”) y obliga a otros a cerrar acuerdos salariales con pisos que casi seguro no podrán cumplir y que, obligados por la falta de recursos, terminarán pidiendo ayuda nacional para cumplirlos…

Comentarios

  1. Interesante análisis. De todas formas, los salarios docentes siguen siendo una absoluta vergüenza.

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  2. Muy buena mirada a la situación de los docentes.

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