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¿Sin rumbo?

Venimos intentando, desde la última entrada, sintetizar en algunas pocas ideas los elementos que consideramos imprescindibles en la estructuración de un discurso político sobre Educación en la compleja realidad argentina. No pretenden ser exhaustivos, ni mucho menos terminales. Una lista en constante movimiento. Por ello, a partir de ahora nos abocaremos a tratar algunos puntos que “quedaron en el tintero” o necesitan ser profundizados.
Uno de ellos es el devenir de la participación gremial en los cambios educativos de estos últimos años y en el gobierno del sistema. Insistimos: una mirada entre las muchas posibles, donde no hay solución iluminada y unívoca. Muchas veces pretendida por algunos…
Los gremios docentes han protagonizado, junto al Estado Nacional, durante la segunda mitad del siglo XX, la institucionalización del sistema educativo. Desde las organizaciones más ligadas a la figura de “asociación profesional” hasta la conformación final en sindicatos en los años 70 –con base en la figura de “trabajador”– los gremios han formado (forman) parte de la construcción de poder en el sistema educativo.
Así, desde un principio y orientados por el objetivo de regulación de una carrera docente con independencia del favoritismo político de turno, reivindicaron siempre el carácter nacional y laico de la Educación. Su primer gran logro: la aparición de CTERA que, ya en su acta constitutiva, en agosto de 1973, plantea esos principios como bases fundantes de la nueva organización, logro con el que corona casi dos décadas de luchas frente a gobiernos autoritarios, desde la aprobación, en el año 1958, del Estatuto del Docente.
Finalizando el siglo XX y en los 10 años transcurridos del XXI, el mapa sindical se ha complejizado en un grado extremo, tanto a nivel nacional como provincial. Esta complejidad se relaciona tanto con la nueva diversidad de entidades y sectores a los que se representa como al impacto de las múltiples transformaciones y procesos que se fueron dando en estos años (descentralización –provincialización de los servicios educativos, cambios normativos nacionales y provinciales, deslegitimación social de la institución escolar y del docente, etc).
Hoy existen varias organizaciones con alcance nacional que representan a docentes del ámbito público y privado de todos los niveles y modalidades.
Como se puede apreciar una complejidad importante de alineamientos políticos y gremiales, aunque 4 de esos sindicatos (CTERA, UDA, AMET y SADOP) sean los de mayor importancia por su carácter nacional: de hecho participan en las paritarias nacionales, co-conducen la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente (La Docente) y co-manejan la Obra Social (OSPLAD).
Si parece mucho, el plano local, se complica más. Un total de 17 gremios (si 17, no es un error de tipeo) conforman una oferta gremial dispersa con impacto sobre la configuración del sistema educativo. Sin embargo, una dispersión (ver nota La Nación) con bajo correlato en el nivel de afiliación: 2 de cada 3 docentes no están afiliados a ningún gremio, número mayor si se toma en cuenta que un porcentaje de docentes posee doble afiliación. Así, algunos gremios no llegan a representar al 0,001% de los 70.000 docentes de la Ciudad siendo el gremio de mayor representación (UTE - Unión de Trabajadores de la Educación - CTERA Capital) el que alcanza menos del 12% de esa masa.
En los últimos días, para otro trabajo, tuvimos que dar cuenta de la forma de gobierno que se daba el sistema educativo en la Ciudad. Nos interesó, fundamentalmente ver el grado de inserción que tienen los gremios, más allá de lo generalmente contempla el organigrama oficial. Fue así como encontramos diversas formas de participación que los gremios están habilitados estatutariamente a llevar a cabo, bajo la premisa del control a la discrecionalidad del poder político. Al día de hoy, en sus manos está cada una de las 14 Juntas de Clasificación Docente (con dependencia directa del Ministro de Educación de la Ciudad); organismos estatutarios creados para definir el ingreso y ascenso de los docentes en el sistema. Estos cuerpos colegiados son integrados por 9 docentes. Seis de ellos elegidos por sus pares en elecciones directas, secretas y obligatorias, cada dos años (en la práctica, representantes de los gremios docentes). Con una participación del 33% el Gobierno de turno, designa 3 miembros más, donde muchas veces, estos 3 terminan siendo la variable compensadora de “desequilibrios” que pudieran producir los resultados electorales o, con el criterio contrario el Ministerio ayuda en la sobre-representación de algún gremio sobre otro. Existe, además, una junta con la idéntica configuración, que dictamina sobre situaciones del comportamiento docente y aconseja medidas frente a faltas al Estatuto (Junta de Disciplina).
Existen, por otra parte, dos Comisiones Permanentes formadas íntegramente por representantes de los gremios (1 por gremio) que se abocan a tomar decisiones sobre interpretación y propuesta de modificaciones del Estatuto y Condiciones laborales y salariales.
Queda claro que la relación Gremio-Estado en la conducción –y construcción– del sistema no es menor. Muchas veces la visión romántica de la lucha gremial –discuten sólo salarios y condiciones laborales– encubre situaciones no percibidas por el común de la gente. En abstracto, esta participación no es ni buena, ni mala… En concreto, define cosas que no son inocuas…
Algunos aceptan que los gremios docentes tienen una alta relevancia en cuanto al planteo de opiniones y demandas al sistema educativo promoviendo a estas organizaciones como los actores con mayor capacidad de incidencia en la orientación e implementación de posibles reformas.
Otros señalan que los desvíos en la participación prodycen inconvenientes insalvables y creen necesario la puesta de férreos límites, desde la legitimidad del Estado, con el fin de obstaculizar la implantación de “co-gobiernos con los gremios”.
Sin dudas, relación y desviaciones en las prácticas existen y deben tenerse en cuenta al momento de pensar e implementar políticas para el sector. No obstante, ni la mirada idealista (“son los únicos que pueden hacerlo”), ni la mirada excluyente (“sin ellos, igual se puede“) son buenas consejeras para la transformación que el sistema requiere. Los gremios, como una parte del sistema, no pueden sesgar las decisiones del conjunto y que en última instancia son responsabilidades de un Estado
Una típica deformación, muchas veces escondida tras supuestos proyectos pedagógicos y educativos aún impulsados por algunas gestiones políticas, es el imperceptible diseño de un sistema educativo sólo para "beneficio" de los docentes. Propuestas de reformulaciones parciales e inconexas del Estatuto, cambios de funciones y condiciones laborales para apuntalar intereses particulares y sectoriales, irreprimibles multiplicaciones y creaciones de cargos sin un correlato en las políticas educativas, falta de llamados a concurso de ingreso y ascenso durante varios años en algunas Juntas de Clasificación, con la posterior consecuencia de la necesidad de provocar “violaciones casi metódicas” al Estatuto a través de leyes de titularizaciones masivas (ver entrada), llevan a repensar que estas prácticas también definen qué se aprende, qué se enseña y quiénes enseñan en nuestras escuelas. Por suerte, entre los propios sindicalistas, también empieza a crecer la idea de que hay ´reconsiderar estas peligrosas prácticas para el sistema público.
Finalizando tomamos de la nota de La Nación, las palabras de Roxana Perazza, ex-Secretaria de Educación durante la gestión de Aníbal Ibarra y autora de una investigación sobre el sindicalismo docente en la Argentina: "El problema está cuando el gobierno no tiene política para el sector docente y los gremios no tienen propuestas superadoras. Cuando esto ocurre, la educación pierde el rumbo".
Posiblemente algo de eso esté ocurriendo desde hace un largo tiempo y no habíamos tomado debida nota… Aún estamos a tiempo...
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