Las comunas, una posible salida a los problemas de la gestión Macri.
Las explicaciones del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, ante los legisladores por el problema de infraestructura escolar fueron muy esclarecedoras. No quedan dudas que estamos ante una dificultad que: 1) es muy grave, 2) tiene inicio en anteriores gestiones, 3) esta gestión no puede ni podrá resolver y 4) habrá que imaginar soluciones, entre todos, si queremos dar verdaderas respuestas.
Días pasados, leyendo una nota en el blog de la Diputada Laura Alonso incorporé un nuevo elemento que no había tenido en cuenta hasta este momento. Más allá de algunos conceptos a profundizar en lo escrito por Laura, coincido en que la participación de los ciudadanos puede (debe) ser una herramienta en la resolución de este tipo de problemáticas. No planteo la subsidiariedad del Estado en este tema sino la posibilidad de “empoderar” a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Laura me hizo "pensar juntos" y esto ya es importante, más en un momento de la “política argentina” donde poco se cultiva este verbo (y menos en la primera persona del plural).
Las “condiciones materiales” se han convertido en el centro de la actuación educativa relegando casi a un último lugar las acciones que un Estado debe realizar para terminar también con la exclusión encubierta, originada en la baja calidad de la educación, a menudo pero no siempre, asociada a la vulnerabilidad económica y social de los que aprenden. Acciones cuyo objetivo sea la inclusión educativa plena apuntando a combinar igualdad de oportunidades con calidad brindando aprendizajes efectivos a todos y ambientando respuestas curriculares y pedagógicas que tomen en cuenta la diversidad de situaciones, contextos y perfiles. Así, Educación es más que los edificios escolares, las becas, las viandas o las mismas netbooks.
Sin embargo, la infraestructura escolar está en uno de sus peores momentos. Un importantísimo número de edificios escolares tienen situaciones, en algunos casos, terminales. Oficialismo y oposición coinciden en esto. Pero hay cosas que no se dicen.
El Ministerio de Educación tiene a su cargo aproximadamente 800 edificios (unos 75 son alquilados). La oferta educativa está diseñada más cerca de la ciudad de las primeras décadas del siglo XX. Villa Soldati eran bañados. Villa Lugano era casi campo. Barracas, una zona fabril. Faltan vacantes y edificios en el sur y puede que “sobren” (entiéndase nunca “sobrará” una escuela) en el norte. Estos dos datos de oferta y demanda indican en primera instancia que el Estado tiene que dedicarse en simultáneo al mantenimiento de esos 800 edificios y la construcción de nuevos en aquellos lugares donde son necesarios, por demanda, para dejar de alquilar o por antiguos que necesiten ser reemplazados. Para todo esto el Estado debe tener una política. Algo que en Bolívar 1, hoy es un bien escaso.
Un aditamento extra a esta carencia de políticas: la ineficiencia. Presupuestos sin ejecutar en los últimos 10 años que suman cientos de millones de pesos no invertidos. En algún momento inicial de esos años faltaron recursos o tuvieron que derivarse a solucionar la crisis social. A partir del 2003 “los vientos de cola” también llevaron los recursos para infraestructura a un crecimiento significativo (todavía bajo para solucionar todo, pero significativo al fin). Sin embargo, los porcentajes de ejecución nunca volvieron a ubicarse en los niveles que traían en los tres primeros años de autonomía. Una solución (muy PRO?) es la que dio el ex- Subsecretario, el Sr. Andrés Ibarra, durante la presentación del presupuesto 2010. En esa instancia justificó el ajuste en los créditos otorgados al rubro construcciones argumentando que el monto ejecutado durante 2009 debía ser el techo para el año 2010: “el área de infraestructura puede ejecutar hasta un límite por año y poner más no garantiza que se ejecute”. Una explícita posición de renuncia a hacer política: “total no se puede y con menos plata simulo mayor eficiencia en el gasto”. Este “error conceptual” hoy forma parte del problema y queda en evidencia en las diferencias entre oficialismo y oposición en torno a los niveles de ejecución para el primer semestre del año 2010. Mientras unos hablan de cifras cercanas al 50% otros no llegan al 7%. Mientras el oficialismo parte del ejecutado 2009 (por cierto bajo ya que no llegó al 60% final) la oposición toma el crédito con la inclusión de los recursos obtenidos por la venta de los terrenos de Catalinas Norte, que dicho sea de paso , el propio Ministro aclaró que todavía a esta fecha no está habilitado a usarla. Como se ve una forma diferente de considerar el problema de la ineficiencia... ¿Puede ser resuelto de otra manera? Sí, pero para eso hay que “edificar” primero alguna política...
Al problema de ser ineficiente hay que agregarle las consecuencias (lógicas?) de las decisiones tomadas en los inicios del gobierno. Hay que recordar que la primera acción de este gobierno fue la centralización de la gestión de todas las obras y el mantenimiento preventivo. Uno de los efectos de la ley que el PRO pidió a la Legislatura antes de asumir, con el fin de agilizar las formas de contratación de obras, fue que las cooperadoras abandonaron ese mantenimiento preventivo y obras menores de los edificios. En algunos casos hasta obras de mediana importancia eran gestionadas conjuntamente con las cooperadoras. El modelo de subsidios a las Cooperadoras creado en la década de los 80 y que necesitaba de una profunda revisión fue desmantelado. En poco tiempo las cooperadoras dejaron de recibir los subsidios y todo quedó en manos de un área centralizada que rápidamente colapsó. El sistema quedó resentido y aunque esta medida está revirtiéndose volviendo a implementarse los subsidios con diferentes grados de satisfacción, las partidas presupuestarias para esos subsidios han perdido vigencia. El dato: en el año 2000 el presupuesto de la Ciudad contemplaba transferencias para las Cooperadoras en aproximadamente 21 millones de pesos. En el año 2010, tras la pesificación y la inflación esas partidas no alcanzan los 24 millones. Para ser sinceros de esta manera el gobierno hoy muestra un número “inusual” de obras realizadas: la mayoría de ellas son las que antes gestionaban las cooperadoras con plata de los subsidios para mantenimiento edilicio y otros destinados a tal fin. Por eso alrededor del 40% de esas “casi mil obras” son de montos menores a $25 mil y un promedio en el plazo de obra menor a los 21 días.
La Ciudad incorporará a partir del año 2011 una nueva dimensión en su sistema político. Desconocido para muchos. Resistido, en parte, por el actual gobierno. El pueblo elegirá por primera vez poderes locales, representados en las Juntas Comunales de Gobierno. La Ley 1777 se pondrá finalmente en práctica y la Ciudad cumplirá con la postergada deuda constitucional que mantiene desde que conquistó su autonomía (mutilada pero autonomía al fin). Es un buen momento para pensar mecanismos de descentralización en la gestión de la infraestructura escolar. Allí cerca de las escuelas, con participación de los habitantes de los barrios, cooperadores y papás de los alumnos, autoridades escolares, docentes y alumnos, los “comuneros” elegidos por el pueblo, podrían convertirse en un elemento de importancia en la gestión de estos temas. Habrá que pensar el tipo de obra (grande o pequeña, ampliación o mantenimiento preventivo, etc) pero en este ámbito podrían determinarse prioridades y ejecutarse presupuesto hasta de forma participativa, sin que el gobierno central renuncie a la definición de lineamientos generales y el contralor final de la obra y su financiamiento. Habrá que habilitar a las Juntas Comunales a responsabilizarse en estas áreas por ley; hoy no existe esa posibilidad. Habrá que dotar de presupuesto a cada comuna con algún modelo de coparticipación de los recursos, como un “federalismo” intro-ciudad. Habrá que reconstruir/reconvertir áreas de gobierno para que ayuden y apoyen con recursos técnico formados a las comunas en la toma de las mejores decisiones y en el control de las obras. Esto puede ser sólo un esbozo de una política, allí donde hoy existe una vacancia. Imagino a todos estos actores (así como los imagina Laura en su nota) trabajando por las escuelas. Para ello el gobierno central deberá resignar poder, algo que a Mauricio Macri le trae cierto disgusto a la hora de hablar de obras de infraestructura de cualquier tipo. Seguramente una política en este sentido descomprimirá el “cuello de botella” en el cual hoy se encuentra la actual gestión.
Esto no invalida el trabajo que nos queda por hacer para reconstruir un más eficiente Estado central que pueda hacer escuelas, allí donde son necesarias y en el menor tiempo posible. Probable revisión de las normas y herramientas que posee el gobierno para construir, mejora en la calidad de los que gestionan las políticas y esas herramientas, profesionalización de los cuadros técnicos, mejoras en los controles sobre las empresas, etc serán motivo de debates. Pero eso puede quedar para otro post… Todo con el objetivo puesto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos…
Días pasados, leyendo una nota en el blog de la Diputada Laura Alonso incorporé un nuevo elemento que no había tenido en cuenta hasta este momento. Más allá de algunos conceptos a profundizar en lo escrito por Laura, coincido en que la participación de los ciudadanos puede (debe) ser una herramienta en la resolución de este tipo de problemáticas. No planteo la subsidiariedad del Estado en este tema sino la posibilidad de “empoderar” a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Laura me hizo "pensar juntos" y esto ya es importante, más en un momento de la “política argentina” donde poco se cultiva este verbo (y menos en la primera persona del plural).
Las “condiciones materiales” se han convertido en el centro de la actuación educativa relegando casi a un último lugar las acciones que un Estado debe realizar para terminar también con la exclusión encubierta, originada en la baja calidad de la educación, a menudo pero no siempre, asociada a la vulnerabilidad económica y social de los que aprenden. Acciones cuyo objetivo sea la inclusión educativa plena apuntando a combinar igualdad de oportunidades con calidad brindando aprendizajes efectivos a todos y ambientando respuestas curriculares y pedagógicas que tomen en cuenta la diversidad de situaciones, contextos y perfiles. Así, Educación es más que los edificios escolares, las becas, las viandas o las mismas netbooks.
Sin embargo, la infraestructura escolar está en uno de sus peores momentos. Un importantísimo número de edificios escolares tienen situaciones, en algunos casos, terminales. Oficialismo y oposición coinciden en esto. Pero hay cosas que no se dicen.
El Ministerio de Educación tiene a su cargo aproximadamente 800 edificios (unos 75 son alquilados). La oferta educativa está diseñada más cerca de la ciudad de las primeras décadas del siglo XX. Villa Soldati eran bañados. Villa Lugano era casi campo. Barracas, una zona fabril. Faltan vacantes y edificios en el sur y puede que “sobren” (entiéndase nunca “sobrará” una escuela) en el norte. Estos dos datos de oferta y demanda indican en primera instancia que el Estado tiene que dedicarse en simultáneo al mantenimiento de esos 800 edificios y la construcción de nuevos en aquellos lugares donde son necesarios, por demanda, para dejar de alquilar o por antiguos que necesiten ser reemplazados. Para todo esto el Estado debe tener una política. Algo que en Bolívar 1, hoy es un bien escaso.
Un aditamento extra a esta carencia de políticas: la ineficiencia. Presupuestos sin ejecutar en los últimos 10 años que suman cientos de millones de pesos no invertidos. En algún momento inicial de esos años faltaron recursos o tuvieron que derivarse a solucionar la crisis social. A partir del 2003 “los vientos de cola” también llevaron los recursos para infraestructura a un crecimiento significativo (todavía bajo para solucionar todo, pero significativo al fin). Sin embargo, los porcentajes de ejecución nunca volvieron a ubicarse en los niveles que traían en los tres primeros años de autonomía. Una solución (muy PRO?) es la que dio el ex- Subsecretario, el Sr. Andrés Ibarra, durante la presentación del presupuesto 2010. En esa instancia justificó el ajuste en los créditos otorgados al rubro construcciones argumentando que el monto ejecutado durante 2009 debía ser el techo para el año 2010: “el área de infraestructura puede ejecutar hasta un límite por año y poner más no garantiza que se ejecute”. Una explícita posición de renuncia a hacer política: “total no se puede y con menos plata simulo mayor eficiencia en el gasto”. Este “error conceptual” hoy forma parte del problema y queda en evidencia en las diferencias entre oficialismo y oposición en torno a los niveles de ejecución para el primer semestre del año 2010. Mientras unos hablan de cifras cercanas al 50% otros no llegan al 7%. Mientras el oficialismo parte del ejecutado 2009 (por cierto bajo ya que no llegó al 60% final) la oposición toma el crédito con la inclusión de los recursos obtenidos por la venta de los terrenos de Catalinas Norte, que dicho sea de paso , el propio Ministro aclaró que todavía a esta fecha no está habilitado a usarla. Como se ve una forma diferente de considerar el problema de la ineficiencia... ¿Puede ser resuelto de otra manera? Sí, pero para eso hay que “edificar” primero alguna política...
Al problema de ser ineficiente hay que agregarle las consecuencias (lógicas?) de las decisiones tomadas en los inicios del gobierno. Hay que recordar que la primera acción de este gobierno fue la centralización de la gestión de todas las obras y el mantenimiento preventivo. Uno de los efectos de la ley que el PRO pidió a la Legislatura antes de asumir, con el fin de agilizar las formas de contratación de obras, fue que las cooperadoras abandonaron ese mantenimiento preventivo y obras menores de los edificios. En algunos casos hasta obras de mediana importancia eran gestionadas conjuntamente con las cooperadoras. El modelo de subsidios a las Cooperadoras creado en la década de los 80 y que necesitaba de una profunda revisión fue desmantelado. En poco tiempo las cooperadoras dejaron de recibir los subsidios y todo quedó en manos de un área centralizada que rápidamente colapsó. El sistema quedó resentido y aunque esta medida está revirtiéndose volviendo a implementarse los subsidios con diferentes grados de satisfacción, las partidas presupuestarias para esos subsidios han perdido vigencia. El dato: en el año 2000 el presupuesto de la Ciudad contemplaba transferencias para las Cooperadoras en aproximadamente 21 millones de pesos. En el año 2010, tras la pesificación y la inflación esas partidas no alcanzan los 24 millones. Para ser sinceros de esta manera el gobierno hoy muestra un número “inusual” de obras realizadas: la mayoría de ellas son las que antes gestionaban las cooperadoras con plata de los subsidios para mantenimiento edilicio y otros destinados a tal fin. Por eso alrededor del 40% de esas “casi mil obras” son de montos menores a $25 mil y un promedio en el plazo de obra menor a los 21 días.
La Ciudad incorporará a partir del año 2011 una nueva dimensión en su sistema político. Desconocido para muchos. Resistido, en parte, por el actual gobierno. El pueblo elegirá por primera vez poderes locales, representados en las Juntas Comunales de Gobierno. La Ley 1777 se pondrá finalmente en práctica y la Ciudad cumplirá con la postergada deuda constitucional que mantiene desde que conquistó su autonomía (mutilada pero autonomía al fin). Es un buen momento para pensar mecanismos de descentralización en la gestión de la infraestructura escolar. Allí cerca de las escuelas, con participación de los habitantes de los barrios, cooperadores y papás de los alumnos, autoridades escolares, docentes y alumnos, los “comuneros” elegidos por el pueblo, podrían convertirse en un elemento de importancia en la gestión de estos temas. Habrá que pensar el tipo de obra (grande o pequeña, ampliación o mantenimiento preventivo, etc) pero en este ámbito podrían determinarse prioridades y ejecutarse presupuesto hasta de forma participativa, sin que el gobierno central renuncie a la definición de lineamientos generales y el contralor final de la obra y su financiamiento. Habrá que habilitar a las Juntas Comunales a responsabilizarse en estas áreas por ley; hoy no existe esa posibilidad. Habrá que dotar de presupuesto a cada comuna con algún modelo de coparticipación de los recursos, como un “federalismo” intro-ciudad. Habrá que reconstruir/reconvertir áreas de gobierno para que ayuden y apoyen con recursos técnico formados a las comunas en la toma de las mejores decisiones y en el control de las obras. Esto puede ser sólo un esbozo de una política, allí donde hoy existe una vacancia. Imagino a todos estos actores (así como los imagina Laura en su nota) trabajando por las escuelas. Para ello el gobierno central deberá resignar poder, algo que a Mauricio Macri le trae cierto disgusto a la hora de hablar de obras de infraestructura de cualquier tipo. Seguramente una política en este sentido descomprimirá el “cuello de botella” en el cual hoy se encuentra la actual gestión.
Esto no invalida el trabajo que nos queda por hacer para reconstruir un más eficiente Estado central que pueda hacer escuelas, allí donde son necesarias y en el menor tiempo posible. Probable revisión de las normas y herramientas que posee el gobierno para construir, mejora en la calidad de los que gestionan las políticas y esas herramientas, profesionalización de los cuadros técnicos, mejoras en los controles sobre las empresas, etc serán motivo de debates. Pero eso puede quedar para otro post… Todo con el objetivo puesto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos…
Comentarios